viernes, 8 de julio de 2011

Nuevo Magistrado en la Sala IV

Comentario con respecto al artículo periodístico publicado por el Semanario Universidad y escrito por el señor Adonay Arrieta.
El recién jueves anterior con fecha 07 de Julio del corriente; el periódico Semanario Universidad perteneciente a la Universidad de Costa Rica; en su sección de opinión; publicó un artículo periodístico escrito por el abogado y docente de la Facultad de Derecho de dicho centro de estudios superiores.
El artículo se titula: “Nuevo Magistrado en la Sala IV”. Al leer el artículo la primera impresión que obtuve fue muy imprecisa ya que tuve que leerlo nuevamente y releerlo otra vez para desmenuzar un poco más el mensaje dentro de las líneas de escritura.
A pesar de ser un artículo interesante y en el cual mi parecer es acorde con lo manifestado por el señor Arrieta, me parece que se usa un lenguaje muy tecnificado haciendo alusión a elementos que tienen cierto grado de profundidad y que no es del conocimiento de la mayoría de los lectores.
Así por ejemplo contemplemos aspectos como que el Semanario que aunque está dirigido hacia un público meta con cierto grado de intelectualidad, es posible que personas ajenas a la casa de estudios superiores o quizá algún sencillo mortal se le antoja leerlo, por lo que pienso que en ocasiones el lenguaje debe ser sencillo y fluido para que sea de fácil comprensión a la personas.
Así entonces utilizar términos como “alieni iuris” y “sui iuris”; son términos con énfasis jurídico que para la mayoría de las personas es desconocido.
Sin embargo aparte de la anotación que le hago a ese artículo en cuanto a asuntos propios de lenguaje he de rescatar algunos particulares y son los siguientes:
Es cierto que parte de los puestos importantes de nuestra gobernabilidad como país están asociados a compadrazgos, a compromisos previos por medio de una campaña política embarrada, por favores pendientes o quizá por cualquier otra situación que merezca favorecer a alguien a cambio de algo.
Sin embargo el profesor Arrieta hace mención en el artículo algo que me llamó mucho la atención, y es cuando reza: “…en el caso de litigantes, vacunarse contra el activismo electoral, y en el caso de letrados o jueces, revisar la prevalencia de criterios jurídicos objetivos en sus sentencias.”; por lo se evidencia mucha objetividad en ese comentario, ya que se debe apartar lo que corresponde a la ética en el ejercicio de la práctica profesional y ser lo más objetivo posible, de aquello que puede venir a enturbecer las aguas cristalinas del río. Por lo que se debe hacer lo que se tenga que hacer y debe prevalecer el buen criterio y juicio de las personas sin que se vea afectado el ¿por qué? de su proceder.
Ahora bien otro de los aspectos que quiero destacar es que como muchas de las cosas que tienen que ver con asuntos políticos de mi país la burocracia se hace presente. ¿Cómo es posible, que la elección de dicho magistrado Rueda, se haya llevado el periodo equivalente al de dos gestaciones de una mujer?
¡Es inaudito que esto suceda!, ¡es ridículo!, ¡que pena me da!, que los Padres de la Patria carezcan de la importancia que se le debe dar a dicho proceso, y la falta de compromiso para abordar este y otros temas de relevancia nacional; pues al fin son ellos los Padres de la Patria que hemos elegido la mayoría de costarricenses para que puedan llevar en parte las riendas del país; sin embargo su labor en ocasiones es vaga y se prefieren los viajes, las dietas, la popularidad y estar ahí en una curul esperando el tiempo que pase para pensionarse con honorarios de lujo.
No conozco al señor Paul Rueda, por lo que expresarme con referencia a ¿quién es él?, no sería prudente, ya que uno como persona no puede referirse con respecto a quién no conoce. Sin embargo espero que por lo que representa su función pública y por los atestados académicos que posee, el magistrado Rueda desempeñe su función de la mejor manera posible, evidenciando su ética profesional, su buen juicio para con la seriedad que representa el cargo; y que no se deje viciar por los tentáculos de la corrupción, de la política en provecho propio.
Por el contrario que al ser un jurista Constitucional, aproveche su conocimiento y lo ejecute de la mejor manera, con objetividad y sencillez que destaca a los labriegos sencillos de mi país.

lunes, 4 de julio de 2011

La Ley de Heródes.

La ley de Herodes

La ley de Herodes es una película de producción mexicana que se realizó en el año de 1999. Se trata de una comedia sátira sobre la corrupción política sufrida en México durante el extenso y casi perpetuo mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La película se desarrolla en el año de 1949, cuando los habitantes de la localidad de San Pedro de los Sahuaros una comunidad al parecer indígena se da un hecho que marca el horizonte de la comunidad cuando decapitan de un machetazo a su alcalde cuando trataba de huir del pueblo con el dinero de las arcas municipales recogido a través de los impuestos.
Tras este evento, el Lic. López, secretario del gobernador, decide nombrar a Juan Vargas, quien era el jefe encargado de un basurero y antiguo militante del P.R.I. como nuevo alcalde de dicha localidad hasta las próximas elecciones en las que él es firme aspirante para ocupar el puesto de gobernador del estado.
Vargas afronta su misión con las mejores intenciones hasta que poco a poco, va descubriendo los beneficios del poder y la corrupción; y el problema surge cuando a Vargas le empieza a gustar ese estilo de vida.
Se transforma así, en un tirano capaz de todo, incluso de recurrir al crimen, para perpetuarse en el puesto y poder garantizarse el estilo de vida que asume.
Este film ejemplifica de la manera muy evidente y justifica de alguna manera el poder que tienen los funcionarios públicos para poder por medio de la corrupción lograr enriquecerse y prosperar; ¡claro de manera equivocada!
La película aborda los problemas sociales, políticos y económicos de esa comunidad y del país en general; y resalta la frase que reza: “¡Te tocó la ley de Herodes, o te chingas o te jodes!” por lo que se obliga al señor Vargas a asumir una conducta de realizar algo que moralmente no es aceptable, pero que se ve obligado a hacerlo por el bien propio.
Los habitantes de la localidad de San Pedro de los Sahuaros sufren de carencias y falta de prosperidad por las actitudes que tienen y no como culpa producto del gobierno y sus políticas precarias.
Por su parte en términos de gobernabilidad es importante recalcar que el sistema de gobierno de un solo partido político que gana todas las elecciones presidenciales de manera consecutiva por parte del P.R.I.
En otro asunto político se presenta una escena en que Vargas pregunta a su secretario municipal como interpretar una fracción de un artículo de ley que no comprende al leer su compendio de leyes, su secretario le aconseja que lo haga como lo entienda, pero siempre procediendo con justicia, también le aclara que esas leyes las redactan quienes no conocen los problemas reales de la sociedad. Así mismo otro evento que destaca dentro de la trama de la película es al momento en que Vargas se detiene a observar el poste erguido como su primera gran obra municipal.
Por lo que Vargas temiendo agresiones de la población, carga la munición de su revólver y se le dispara accidentalmente.
Es justo ahí en ese momento en que me voy a referir al aspecto propio del revolver; ya que con fines académicos se me pregunta ¿qué representa el revólver en la película?
Para mi apreciación personal el revólver significa simbólicamente el poder, mismo poder que se le confiere a quien lo porta; por lo que para el caso de la película el poder está representado por el personaje Juan Vargas, quien es el portador del revólver en cuestión; además recordemos que el personaje correspondiente es el alcalde de San Pedro de los Sahuaros y que como tal es la máxima autoridad de la localidad.
También dentro de esta película queda de manifiesto el mal uso que se le da a las Constituciones y que en consecuencia de ese mal uso e interpretación antojadiza propicia el deterioro en la calidad de vida de sus pobladores y fomenta el aprovechamiento en beneficio propio de el personaje al que se le confiere el poder.
En síntesis, el revólver representa el poder, el dominio, el control que tiene el que lo porta sobre los demás y el aprovechamiento que se da por parte de quien lo manipula, pues a pura fuerza y según La Ley de Herodes logra cometer ilícitos en provecho propio; ya que "¡te chingas o te jodes!"

domingo, 3 de julio de 2011

Trabajo de Investigación. La Impunidad en el Poder Judicial.

Tema de proyecto de investigación:

IMPUNIDAD EN COSTA RICA

El presente ensayo aborda el tema de la micro investigación correspondiente al curso de Introducción al Derecho del primer semestre del año 2011; el cual después de una recopilación de datos de fuentes primarias sintetiza y concluye algunos puntos relevantes de la investigación, misma que se refiere al tema de impunidad en Costa Rica en un periodo de la última década.
Costa Rica, un paraíso turístico que no es exento de la criminalidad, pero que tampoco es el peor de los países por visitar. Es un país donde hay mucho que ofrecer al turista tanto extranjero y nacional; sin embargo no podemos hacernos de la vista gorda e ignorar asuntos como la impunidad que existe en nuestro sistema judicial.
Mi país ha servido como un paraíso fiscal para el lavado de dinero producto de la criminalidad; hay que ser objetivo al tratar de escribir, y ¡es ese justo mi propósito! con este ensayo investigativo, que presenta algunos argumentos importantes después de una amplia recopilación de fuentes.
Empiezo entonces mencionando que estudios recientes muestran que en Costa Rica se condena solo a uno de cada 100 ladrones; a once de cada cien violadores y a cinco de cada cien personas que se ven envueltas en actividades ligadas al narcotráfico.
Estas cifras son verdaderamente alarmantes, preocupantes y esas estadísticas tienen un grado de fidelidad bastante alto; así entonces tenemos que: las estadísticas no mienten. En el año recién pasado las estadísticas lo registran como el año con más homicidios en la historia del país y solo tres de cada 10 asesinos fueron condenados.
Un informe basado en las estadísticas del Poder Judicial de los últimos diez años (desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal a la fecha, revela cifras alarmantes acerca de la incompetencia del sistema judicial para resolver los conflictos de los costarricenses y sólo muy bajos índices de los imputados son condenados por nuestro sistema.
Además dichas estadísticas son reforzadas por un estudio realizado por el bufete Juris encabezado por el abogado penalista don Juan Diego Castro y una serie de abogados asociados a la causa.
Dicho estudio estadístico realizado por el bufete Juris Costa Rica señala que tras una serie de cuadros realizados bajo la supervisión de un experto en estadística revelan que de 1.315.720 de denuncias presentadas, en ese lapso de tiempo, solo el 7,3% acabaron en una sentencia condenatoria.
“Hay que dejar claro que no podemos hablar en términos absolutos de estos resultados porque probablemente haya gente inocente que fue denunciada, pero tampoco tenemos en las estadísticas judiciales, ni pronunciamiento de los magistrados donde se manifieste la preocupación de estar contabilizando cuanta gente es realmente inocente.
“Que no me vengan con el cuento de la inocencia formal o el indubio pro reo” (manifiesta Castro). En el cual se evidencia que por errores de la policía o por errores de los fiscales o por cuestiones formales, hay que absolver al imputado, pero no es porque sea inocente en términos objetivos; sino que procesalmente como se cometieron errores, se absuelve”, explicó el mismo Castro al presentar el informe.
El abogado destacó que en el rubro de homicidios se haya llegado a la cifra más alta de la historia del país. Al respecto manifiesta que:
“Esta es la primera vez en la historia de Costa Rica que la tasa de homicidios llega a dos cifras 10.2 por cada 100 mil habitantes. Nunca antes del 2008, los homicidios habían pasado de una cifra. Los mil marineros del barco del gobierno no vieron la tormenta de la criminalidad”, detalló el jurista.
Para el director de Juris este gobierno se ha hecho de la vista gorda en materia de seguridad, comparando las estadísticas con los otros países del área donde la violencia y la inseguridad imperan. ¡Qué consuelo!
Por lo que pienso que ese discurso irresponsable de los políticos que estamos mejor que muchos se responde con un adagio antiquísimo: mal de muchos consuelo de tontos y eso no puede ser, ya que entonces ¿qué clase de ciudadanos somos?, que nos conformamos con tan poco.
Otro agravante en el rubro estadístico lo representan los crímenes, en los cuales solo se han logrado condenar el 30% de los casos. Según estadísticas del Poder Judicial en el 2010, tres de cada 10 asesinos fueron condenados. Ciertamente el Poder Judicial no resuelve los casos, año a año, que se dan, pero cuando comparamos un periodo de 10 años atrás, nos damos cuenta que hay una constante, por lo que el riesgo de que un asesino quede condenado es del 50%; o sea tal en Costa Rica es posible ser homicida y ¡tal vez!, sólo ¡tal vez!, en complicidad con un mal ejercicio del procedimiento legal para llevar a un sospechoso hacia el camino de la culpabilidad o bien con la ausencia de pruebas o mismas que no cumplan con los requerimientos básicos o finalmente con un buen planeamiento del imputado, sea posible que se le declare una absolutoria y regrese a su casa, al barrio, a las calles de Costa Rica, riéndose del sistema judicial costarricense esperando cometer su próxima fechoría y temiendo muy poco a la legislación judicial, pues, se da cuenta que es ineficiente.
Con respecto a los violadores se señala que en los últimos diez años 14.670 personas presentaron denuncias por este delito y tan solo condenaron a 1.611 personas. ¡que ridículo! ¿cierto?
Esto quiere decir que el 89% de los violadores se salvaron, pues en este delito no hay conciliación, no hay criterios fiscales. Es uno de los delitos que marcan más el impunombre, de cada 10 violadores solo condenan a un poquito más de 1, propiciando la reincidencia del delito y provocando en los delincuentes actitudes y aptitudes macabras en perjuicio de la sociedad.
En asuntos referidos al robo y hurto se manifiesta que ni siquiera uno de cada 10 ladrones denunciados va a la cárcel, y que no se tiene una respuesta judicial efectiva. El hurto es una sustracción de un bien ajeno o parcialmente ajeno, por ejemplo el que le saca a usted la billetera y el delito de robo es ese hurto pero utilizando la fuerza, en ese rubro me parece que está el centro del problema porque se denuncia apenas una cuarta parte de los robos que se cometen y aún así se denunciaron 898 robos por cada cien mil habitantes el año pasado y solo condenaron al 2,3% de los ladrones, poniendo de manifiesto una vez más el grado de impunidad en Costa Rica.
En el delito de narcotráfico no se escapa del escandaloso apartado de impunidad dentro del sistema judicial costarricense; los datos del Poder Judicial ponen en evidencia que en este país se venden drogas en casi todos los barrios o en una buena cantidad de los mismos; las denuncias por venta de droga se dispararon de una forma impresionante en diez años.
La pregunta pertinente es ¿Qué están haciendo los políticos en contra del narcotráfico?, ¿A caso tomando su tajada? ¿Quizá haciéndose más millonarios a costilla de la salud pública?
En Costa Rica pasamos de 2.554 denuncias en el año 2000 a 32.230 en el año 2010, el que no perciba la explosión narcotraficante en el país es que no está en nada, está muerto o no es costarricense comprometido con su país.
Lo más grave es la cantidad de vendedores de drogas que fueron denunciados y andan felices de la vida en la calle recetando y alimentando el apetito de los adictos por robar y de los narcos por matar.
El 95.3% de los acusados por narcotráfico no fueron a la cárcel. ¿Será que esto tiene que ver con la criminalidad costarricense, será que los robos están relacionados con el crack y las drogas?
¡Claro que sí!, el impacto que está teniendo el narcotráfico en el país es espeluznante y ¿cuál es la política en contra del narcotráfico?, ¿será acaso cambiar las medidas preventivas que dicta una jueza que pareciera inconsciente del problema social o poco conocedora del principio de racionalidad, que manda a dos mexicanos en principio a cumplir casa por cárcel, donde fueron capturados infraganti con la evidencia que los inculpa en la propia mano gracias a un accidente aéreo que se da.
¡Por favor! ¿qué locura es esa? Parece que no hay respuestas y es ahí como me referí con anterioridad en otro artículo cuando manifiesto que el sistema judicial está en quiebra.

Fuentes:
Fabián Meza. fmeza@diarioextra.com 21 nov/09
Lic. Juan Diego Castro; abogado penalista en Costa Rica. Revista electrónica Misión Global.